Trabajar por las personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil, en la construcción de oportunidades de restauración social e integral, es el compromiso que asumen las autoridades judiciales y ejecutivas de Costa Rica, con la puesta en marcha de la Política Pública de Justicia Juvenil restaurativa.
Este miércoles 30 de setiembre fue la presentación oficial de la política nacional, cuya realización estuvo coordinada por el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, con la cooperación internacional del Programa EurosociAL II.
La magistrada Doris Arias Madrigal, coordinadora del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Poder Judicial señaló que esta política es un reconocimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, mediante una acción conjunta efectiva entre instituciones del Estado y la sociedad civil.
“La política pretende incidir en la prevención, en el juzgamiento y en la efectiva reinserción social de estas personas, en el marco de la justicia y las prácticas restaurativas. Su enfoque inclusivo de resolución de conflictos, resulta viable para su aplicación en una amplia gana de situaciones y contextos sociales como el ambiente escolar, laboral, comunitario y judicial”, destacó Arias Madrigal.
Las acciones estarán dirigidas a todas las personas adolescentes entre 12 años y menores de 18 años, así como a las personas víctimas, comunidad y los delitos cometidos por personas adolescentes, sin discriminación ni exclusión alguna.
En el Poder Judicial, se establecen áreas estratégicas para la incorporación de estos lineamientos en la persecución Penal y el Sistema Judicial, y garantiza el acceso de las personas adolescentes y las personas ofendidas a la Justicia Restaurativa y las prácticas restaurativas en todas las fases de la Administración de Justicia, de forma complementaria al Sistema Penal Juvenil vigente.
La Presidenta en ejercicio de la República, Ana Helena Chacón Echeverría manifestó que esta iniciativa pública asume que la cuna de la desigualdad está en la miseria y la violencia y no en el ser humano, de ahí la importancia de la promoción de oportunidades a favor de la población menor de edad.
“Es importante que estas medidas alternativas realmente se implementen, que la prisión sea el último escalón al que se llegue cuando hay que sacar a alguien de circulación cuando le causa daños a terceros y aquí hay un firme compromiso de los tres Poderes de la República”, afirmó Chacón Echeverría.
Para el Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, la política representa una estrategia que apuesta a resarcir el tejido social, “… a colocar al ofensor, con el ofendido y la comunidad, a trabajar en una solución distinta del aislamiento, la segregación o la marginación humana y material que significa la cárcel”.
Arroyo Gutiérrez determinó que este es un paso importante para el cumplimiento de los compromisos que tiene Costa Rica ante la comunidad internacional, ante una población menor de 18 años que representa poco más del 25% del total de la población costarricense. Además proyecciones judiciales del 2015 señalan que al Ministerio Público entrarán más de 5 mil asuntos nuevos contra personas menores de edad y los juzgados penales juveniles del país atenderían más de 40 mil asuntos.